Introducción

El siglo XXI es testigo de la más paradójica transformación social, un fenómeno global que, al decir de muchos de sus apologistas, intenta compaginar la dimensión económica del mundo con los valores propios de la humanidad, así, por ejemplo, la soberanía de los Estados vista a través del ordenamiento internacional y encarnado en organismos e instituciones concebidas para servir de mediadores o “vigilantes” del correcto comportamiento de los países, en atención al respeto a los derechos ciudadanos, muchas veces resulta soslayada, quizás intencionalmente o tal vez, obedeciendo a intereses de terceros; pero lo cierto es que existen.

En ese sentido, el ensayo que a continuación se desarrolla, tiene como principal objetivo plantear algunos apuntes sobre la Seguridad y Defensa en la frontera terrestre que separa a la República Dominicana de Haití. La técnica utilizada en este ensayo fue la documental o consulta bibliográfica, con la cual se logró conocer la visión sobre esos aspectos, esbozada por teóricos y especialistas en la materia; o método de investigación fue el de análisis del contenido.

La seguridad y defensa fronteriza caminan de la mano de los niveles de seguridad de un Estado frente a otro, en el ámbito del espacio común, ya sea aéreo, marítimo o terrestre, que comparten. Para llevar a cabo las labores de resguardo de esos espacios comunes, los Estados se valen de las Fuerzas Armadas y otras instituciones, que, en coordinación, realizan actividades de vigilancia, valiéndose para ello de armamento liviano, pesado, además de tecnología de punta y, precisamente, en este siglo XXI, a través de sofisticados dispositivos de biometría y drones de mediano y largo alcance.

Al igual que en otras naciones que comparten fronteras terrestres comunes, entre la República Dominicana y Haití, tienen presencia de manera constante todo tipo de amenazas y eventos que atentan contra la seguridad de la Nación. Esto se da a través de los diferentes pasos de entrada formal y en los puntos informales e irregulares. En tal sentido, los riesgos para el país, son el mejor indicativo de la necesidad de que el Estado dominicano tome como su principal punto de agenda, el fortalecimiento de su defensa y seguridad, justo en lo que respecta a los límites fronterizos compartidos con el vecino Haití.

Desarrollo: La frontera como factor geopolítico

Por frontera, generalmente, se entiende casi de manera exclusiva al factor terrestre, no obstante, vale destacar que dicho espacio abarca también el espacio aéreo o marítimo sobre los que se ejerce jurisdicción (SELA, 2012). Asimismo, Arriaga Rodríguez (2012) es del parecer que la frontera es el territorio, que bajo la óptica de la división internacional o político-administrativa, regularmente utiliza las categorías “zona y región cuando aluden a un espacio de interacción entre comunidades humanas diferenciadas, vinculadas a ciertos procesos sociales que, desde su perspectiva, inciden, determinan y definen la naturaleza humana de la frontera” (p. 73). Finalmente, centran su atención en procesos de tipo jurídico-político y estratégico-militar y, en consecuencia, identifican al Estado y al “pueblo nacional”, como los actores que actúan sobre y en el espacio de la frontera.

Vale destacar el punto de partida para el análisis, que, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana y Haití, que comparten una frontera terrestre, planteó el profesor Manuel Núñez, en ocasión del seminario que realizara la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas dominicanas -hoy Ministerio de Defensa-, titulado “La Frontera: Prioridad en la agenda nacional del siglo XXI”. En la ocasión, Núñez (2003) basó su planteamiento justo en tres razones básicas, que describen la cuestión fronteriza: 1) desmoralizar a las autoridades, 2) desacreditar la aplicación de sus leyes y 3) paralizar el ejercicio de la soberanía del Estado dominicano.

Como bien entiende este estudioso de la problemática fronteriza, cada uno de los anteriores factores, prácticamente, impide que el Estado dominicano pueda sobrellevar la situación hasta el punto de hacer valer su soberanía, más que cualquier otro factor y sobre todo, determinar la seriedad con que ha de tratarse un conflicto que ha gravitado por décadas en el espectro geopolítico nacional. En tal sentido, es evidente que los límites fronterizos entre República Dominicana y Haití, se enmarcan en la línea terrestre que separa ambos territorios.

Pero mientras que en la frontera terrestre, por lo general, se establece con referencia a datos físicos concretos (el divortium aquarum de una cadena montañosa, la vaguada de un río), para delinear las fronteras aéreas o marítimas los Estados modernos convienen en fijar líneas jurídicamente establecidas, mediante el sistema de coordenadas geográficas, que sólo son visibles en los mapas.

Las fronteras terrestres predominan entre los Estados de la región de América Latina y el Caribe, por la gran extensión de la masa continental que contiene a 20 de los 33 Estados de la región. En cambio, en el arco de las Antillas Mayores y Menores, el límite oriental de la placa del Caribe, las fronteras marítimas son las que han prevalecido en el tiempo, con gran importancia, ya que, establecen la competencia soberana de los Estados, pero regulan la navegación marítima, y promueven acuerdos de pesca marítima, entre otros, no tienen, sin embargo, la misma connotación que las fronteras terrestres.

Por siglos, la seguridad y defensa, han sido los principales elementos que garantizan la paz y el desarrollo de una nación, región o continente. De estos elementos se derivan factores que convienen a los tomadores de decisiones, tener a su disposición de manera continua y sistemática. Y es que, por ejemplo, la seguridad y defensa tienen como origen la política de Estado, cuya orientación se define en diferentes ámbitos; todos caminando en dirección hacia la consecución de los intereses y objetivos nacionales (Muñoz-Alonso, 2008).

Hay que reconocer que las relaciones internacionales juegan un papel importante en el ámbito de la seguridad y defensa, por cuanto están estrechamente vinculadas a los espacios, marítimos, aéreos y terrestres (Moncada Paredes, 2016). En tal sentido, los Estados que hacen frontera terrestre, tienen ante sí el gran reto de manejar esos espacios, que por su naturaleza, características, estructura física, demandan el accionar permanente de las fuerzas armadas y las agencias de inteligencia, a ambos lados.

Por los pasos fronterizos, formales e informales, por lo regular, la delincuencia transnacionalizada, así como el crimen organizado y el narcotráfico, realizan gran parte de sus actividades ilícitas, aprovechando, lógicamente, las debilidades estructurales, técnicas, operativas y también administrativas que caracterizan dichos portales migratorios. Fronteras como la que separa el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica y México, son un ejemplo vivo de los vínculos del crimen organizado con la migración ilegal, adquiriendo especial relevancia por la vulnerabilidad de algunos grupos de migrantes (mujeres y niños), que son extorsionados, secuestrados, violados y otras veces asesinados (Correa-Cabrera, 2014).

Es una realidad que el aseguramiento de su geografía, constituye uno de los principales principios de cualquier nación que se repute ser independiente. Nadie está autorizado a determinar quién entra y quién sale de una nación, a no ser de manera exclusiva el propio país que recibe a los migrantes. Naciones como Estados Unidos de Norteamérica, que comparte frontera terrestre con México, poseen leyes migratorias que hay que observar estrictamente, so pena de ser susceptible de deportación irrevocable.

Esta poderosa nación, por cientos de años, es la que siempre ha determinado quién entra a su territorio, cómo lo hace y por dónde. En el caso específico de los mexicanos, han sucedido, hasta muertes de nacionales que, diariamente, intentan cruzar la frontera por puntos, muchas veces protegidos por vallas electrificadas y otras veces quedando bien distantes de las localidades norteamericanas muriendo por deshidratación, falta de alimentación o simplemente por la intervención criminal de los propios “coyotes” (Benítez Manaut, 2011).

Fronteras comunes: el desafío de los Estados

Desde hace décadas, por esa frontera los problemas para ambos Estados se han incrementado debido, básicamente, al establecimiento de bandas criminales, cárteles que trafican con drogas narcóticas y traficantes de personas. Lo que constituye un elemento de inseguridad nacional, al que tanto Estados Unidos, como México, deben hacer frente, como de hecho han venido haciendo hasta la fecha. De igual forma, México comparte frontera terrestre con Guatemala, lugar donde también tienen presencia los cárteles de las drogas, la criminalidad y sobre todo la migración ilegal, como lo explican Gómez Johnson y Espinosa Moreno (2020), al señalar que estos sólo son una parte de los grandes desafíos que ambos Estados deben enfrentar en el mediano y largo plazo.

Desde mediados del siglo XIX la frontera México-guatemala, ha sido el escenario de una diversidad de actos ilícitos, que van desde la trata de personas, el tráfico de sustancias psicotrópicas, y el contrabando de mercancía de todo género, desde un territorio hasta el otro y viceversa. En los últimos meses este paso fronterizo ha venido adquiriendo gran connotación, debido a que está siendo utilizado por organizaciones criminales que trafican con inmigrantes y realizan todo tipo de actividad comercial. Esto lo confirma Vásquez Olivera (2018) al exponer que:

El resultado de esa eventualidad de varias décadas, de todos conocido: es que cada vez es más intenso el tráfico de indocumentados que intentan cruzar desde Guatemala hasta territorio mexicano, para continuar la ruta hasta el territorio de los Estados Unidos, en busca de una mejor oportunidad de vida (Canales et al., 2010). En tal sentido, tanto las autoridades de Guatemala, México y del propio Estados Unidos, han debido realizar ingentes esfuerzos para disminuir ese flujo migratorio irregular y además combatir las actividades del crimen organizado.

Cabe apuntar que, tanto el flujo migratorio irregular, como la interminable lista de actividades ilícitas, que utilizando los límites fronterizos terrestres entre dos o más Estados, se expanden hacia otras latitudes, además de que se multiplican y diezman sistemáticamente la paz y el desarrollo de una zona o de una región, dan como resultado un reto y amenaza para la seguridad de los Estados que las sufren. Esto, lógicamente, les obliga a redefinir sus políticas de seguridad interna y, fronteriza y, con ello, realizar inversiones económicas en capacitación del recurso humano y también en adquisición de los implementos tecnológicos que permitan un accionar que garantice el orden y la constitucionalidad. Para la República Dominicana este este es un reto a enfrentar.

República Dominicana entre la encrucijada migratoria ilegal y la criminalidad

En el caso de la República Dominicana y Haití, hay que señalar que a la primera nación le asisten sus propias leyes y su propia Constitución para controlar la entrada, salida y permanencia de los haitianos que, diariamente, y de forma irregular, atraviesan la frontera común sin presentar ningún tipo de documentación. Esta es una migración irregular, que quiérase o no, está conectada con la criminalidad que se vive en Haití, afectando de forma directa la seguridad nacional (Castles, 2010; Hernández, 2020).

Ante esa realidad, cabe preguntarse ¿Cómo controlar esta anómala situación? ¿Cómo determinar quién entra o sale por cualquiera de los límites fronterizos formales o informales, con drogas y armas y no necesariamente con alimentos y otros productos? ¿Cómo controlar quiénes entraron a las 6:00 am y quiénes salieron de República Dominicana al finalizar el día por la frontera común con Haití? ¿Cómo determinar si los que entran sin ningún tipo de documentación, son haitianos y no cubanos, italianos, colombianos, centroamericanos, israelíes, o simplemente delincuentes internacionales, perseguidos por las autoridades de sus respectivas naciones?

Si a ese escenario le aplicamos el factor geopolítico, en ocasión de la ola de inmigrantes ilegales que cruzan al territorio dominicano y, que luego encuentran cobijo en organizaciones no gubernamentales, que operan en ambos lados de la frontera; sin contar además que, cuentan con cierto nivel de respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, así como de organizaciones criminales que trafican con personas, se estaría afirmando que existe el factor de la manipulación desde las más altas instancias.

El anterior planteamiento es corroborado por Casas Cortés y Cobarrubias Baglietto (2021), citando la publicación Weapons of MassMigration (Greenhill 2010a), en la cual se afirma que “los estados no sólo manipulan la gestión de flujos migratorios existentes para ganar terreno diplomático, sino que también provocan intencionadamente las crisis migratorias” (pp. 122-123).

Nada más cerca de la verdad que esa afirmación, que bien encuentra aplicación en el caso de la migración descontrolada y abusiva, si se quiere, procedente del vecino país Haití. El escenario que presenta el límite fronterizo entre República Dominicana y Haití, es deprimente en el sentido de los factores que diferencian a una sociedad de otra; la desigualdad económica, política y social es abismal. Sin embargo, no deja de tener vigencia el planteamiento de Casas Cortés y Cobarrubias Baglietto (2021), respecto a intereses ocultos, que desde el ámbito diplomático de Haití, empuja para que de este lado se asimile y asuma como factores normales el desorden, la inestabilidad, la pobreza y la criminalidad.

El aparato de comunicación que ha venido utilizando la Comunidad Internacional, es brutal, respecto a las pretensiones de sensibilizar el sentir de algunos sectores de la vida nacional de República Dominicana, a fin de que se asuma la problemática haitiana traducida en la inmigración irregular, como parte de la agenda de la política migratoria dominicana. Ciertamente, la República Dominicana ha sido extremadamente generosa y, en ese sentido, ha dado muestras de solidaridad en relación a lo que acontece en Haití; sin embargo, se entiende que, como país soberano, le asiste al Estado dominicano plantear, promover y aplicar su política migratoria, como ordena la legislación vigente¹.

La República Dominicana ha sido torpedeada incluso desde el escenario internacional, hasta donde han ido haitianos a denunciar su situación, al punto de lograr que ciertos sectores de la Comunidad Internacional, les ofrezcan el título de “apátridas”². En ese sentido, es seguro que, partiendo del concepto “nacionalidad” esbozado por Rosario (2007), la condición de apátridia reclamada de forma muy sutil por algunos sectores que hacen vida común con la comunidad haitiana, se vea imposibilitada de prosperar. Esto así, debido a que el artículo 36 de la Ley No. 285-04 define quiénes están en tránsito en territorio dominicano.

Nuestro país, en un serio intento por frenar la situación de la inmigración irregular de haitianos y otras nacionalidades, a través de la Ley No. 285-04, ha reforzado las estrategias de interdicción de irregularidades migratorias, tanto en la zona que corresponde a los límites fronterizos, como en el interior de las principales ciudades y localidades de la geografía nacional.

Ya se ha comentado que existen organizaciones no gubernamentales que procuran a toda costa justificar la ilegalidad inmigratoria³, a través del discurso de la apatridia, el odio, el sentimiento antihaitiano, así como una interminable lista de estrategias comunicacionales, que al final todas persiguen que la República Dominicana asuma la pesada carga de los haitianos en condición de ilegalidad (Rosario, 2007). La presión ha sido desde todos los litorales, incluyendo el de la Iglesia Católica y otras modalidades religiosas, que han patrocinado movimientos de protestas y reclamos en torno al otorgamiento de documentación de identidad, independientemente de su condición migratoria ilegal.

En el año 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia condenatoria contra la República Dominicana, a raíz de que el Estado dominicano, a través del Tribunal Constitucional emitió la sentencia No. 168-13 y promulgó la Ley No. 169-14, que procuraban ordenar los aspectos relativos a la inmigración de haitianos, y más que eso, organizar las de aquellos que permanecen en territorio dominicano.

La CIDH basó su posición en el principio jurídico iuranovit curia (aforismo latino que se traduce como “el tribunal conoce los derechos”), bajo la premisa de que el Estado dominicano había tratado con “discriminación” y “vulnerado el derecho de igualdad ante la ley y otros derechos receptados en la Convención Americana”, a todas luces obviando el principio de soberanía del país, que le faculta tomar las decisiones, que, en apego a su Constitución y las leyes adjetivas, puede llevar a cabo este ejercicio en su territorio y en el marco del Derecho Internacional Privado; aún en el entendido que, el país es signatario de las Resoluciones emitidas por la CIDH.

Independientemente de las intenciones de terceros, la realidad que hoy vive la República Dominicana en materia migratoria, fundamentalmente la referida a los haitianos, en diversos sectores de la vida nacional, ha generado la iniciativa de controlar de manera efectiva el éxodo de migrantes ilegales, la trata de personas, el tráfico de sustancias psicotrópicas, trasiego de mercancías y combustibles, a través de la construcción de un muro fronterizo, como solución a dicha problemática, mismo que en la actualidad está en fase de construcción bien avanzada (Martínez, 2023). Su propósito principal es garantizar la seguridad y de forma directa resguardar la soberanía nacional.

Y es que la seguridad fronteriza es uno de los intereses supremos y permanentes de un Estado. El desarrollo social y económico del territorio, genera un clima de paz y tranquilidad, a partir del diseño de estrategias e implementación de tácticas motorizadas a través de sus fuerzas armadas y las diversas agencias de inteligencia, que han constituido a lo largo de la historia un pilar esencial en la estructura de cualquier Estado. El caso de la República Dominicana y de Haití no es ajeno a esta realidad, cuya dimensión ha implicado hacerle frente al proceso intensivo de degradación institucional y sobre todo, a la ruta abierta para el narcotráfico fruto del caos imperante en Haití (Manzanal Ciancaglini, 2018).

Al compartir el territorio y por ende la frontera con Haití, el Estado más pobre de todo el hemisferio occidental, República Dominicana, enfrenta una diversidad de retos y amenazas, entre las que el principal factor es la inmigración ilegal, es decir, las personas que no cumplen las normas migratorias establecidas (diseñadas para regular el ingreso a territorio dominicano, a través de los portales migratorios destinados para tales fines) (Ortega, 2023). Sin embargo, las complejidades del mundo globalizado, han generado otras situaciones que es necesario combatir por entender que afectan la seguridad y por vía de consecuencia la estabilidad de la nación.

Al tenor de esas irregularidades, la República Dominicana ha debido reestructurar las Fuerzas Armadas con la creación de cuerpos especializados de defensa y seguridad, para seguir fortaleciendo los controles de la línea de demarcación fronteriza que comparte con Haití. La contraparte del fenómeno inmigratorio irregular es ahora mismo el crecimiento de la criminalidad en territorio de Haití, a través de agrupaciones y bandas criminales, que mantienen la intranquilidad de aquel lado, obligando a muchos atravesar los límites fronterizos (Rodríguez Sáenz, 2022). Lo complicado de este fenómeno es que algunos miembros de esas bandas, al ser perseguidos en su país, cruzan a territorio dominicano y estando de este lado, practican justamente lo mismo que hacían de aquel lado de la frontera.

Ahora es el momento propicio para que la República Dominicana ponga en ejecución sus planes operativos militares a todo lo largo de la frontera, enviando una señal clara a los delincuentes y al propio estado haitiano, respecto a la firmeza de los objetivos nacionales. A ese respecto, es importante la iniciativa del Gobierno dominicano, de continuar con el proyecto de construcción del muro fronterizo, iniciado en el periodo presidencial 2012-2016, como forma de frenar el flujo masivo de migrantes de nacionalidad haitiana, que ingresan a territorio de la República Dominicana, de manera irregular (Bourgeois, 2023).

Hay que reconocer que una nación es soberana cuando dentro de sus límites, actúa determinada por su propia voluntad; de ahí que, resulte que la soberanía está dotada de un carácter positivo, el poder de mando, y otro excluyente, el de ser una voluntad que no puede ser mandada por ninguna otra.

Por tanto, para defender la soberanía y, sobre todo, resguardar la seguridad fronteriza, las Fuerzas Armadas⁴ reciben un mandato claro coordinado con la noble responsabilidad que hizo recaer el legislador dominicano sobre sus hombros, de “defender la independencia y soberanía de la Nación, la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones de la República”. Dentro de esos espacios geográficos se encuentra la línea fronteriza que separa el territorio nacional de la República de Haití.

La inestabilidad que genera la ausencia del poder político y de instituciones en el vecino Haití, incrementa de manera exponencial la inseguridad, lo que, a su vez provoca desorden generalizado y éxodo de ciudadanos. ¿Hacia dónde ir? Lógicamente, hacia territorio dominicano. Ese es uno de los momentos esenciales para que los miembros de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, mantengan el espíritu de cuerpo, el grado de preparación y, sobre todo, el sentido de pertenencia, a fin de resguardar los límites fronterizos como mecanismo de sostén de la Soberanía nacional. La seguridad de la frontera con Haití es la prioridad para todos los dominicanos, especialmente los que están de uniformes que tienen la gloriosa misión de defender la Nación.

Conclusiones

Como puede notar, la frontera terrestre entre República Dominicana y Haití, se caracteriza por un ir y venir de ciudadanos de los Estados que las comparten. En ese ejercicio migratorio, más que en el factor geopolítico, subyace el reto que representa un territorio compartido por dos Estados, con costumbres, hábitos, lenguajes, etnias y simbología nacional, diferente, como es el caso de la República Dominicana y Haití. Los límites fronterizos que separan ambos territorios, han sido el punto de partida de diversas iniciativas, tendentes a mejorar su sistema de protección, con el objetivo fundamental de atender la importancia que reviste la seguridad y defensa de la Nación.

Para el país, constituye un reto el resguardo de la frontera, por cuanto es imprescindible la construcción de un muro físico, que aunado a la implementación de leyes y normativas específicas, en el ámbito migratorio, resultaría ser un punto a favor del Estado dominicano. Se entiende que para llevar a cabo una labor más eficiente y efectiva, son, de manera especial, las Fuerzas Armadas dominicanas, el principal elemento contemplado en la Constitución para sostener las instituciones y la estabilidad del territorio nacional.

Urge una vez más que el Estado dominicano utilice las estrategias y tácticas, que en el plano del resguardo de los límites fronterizos, puedan ser el muro de contención de la avalancha de nacionales haitianos, que, regularmente, huyen hasta nuestro territorio ante el progresivo deterioro de la situación en Haití como consecuencia de la inestabilidad política, económica y social que padece dicha nación. Sabemos que la situación que experimenta el vecino país, se constituye en un reto que debe ser afrontado, porque la Constitución y las leyes así lo establecen y, además, la Nación dominicana así lo espera. En definitiva, la seguridad y defensa fronteriza son los aspectos fundamentales que garantizan la integridad y protección de la República Dominicana.

Referencias Bibliográficas

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